En un Encuentro para comunicadores que

la Conferencia Episcopal Italiana promovió en noviembre de 2002,

Juan Pablo II mencionaba el hecho de que

“las rápidas transformaciones tecnológicas...

están determinando, sobre todo en el campo de la comunicación social, una nueva condición para la transmisión del saber, para la convivencia entre los pueblos, para la formación de un estilo de vida y de las mentalidades. La comunicación genera cultura y la cultura se transmite mediante la comunicación”. Ese nexo entre comunicación y cultura es una de las principales razones por las que el mundo de la comunicación suscita gran atractivo entre los que nos interesamos por la ética.

La consecución de la madurez moral personal no es independiente de la comunicación y de la cultura, es decir: de la lógica inmanente y objetivada en el ethos del grupo social, un ethos que presupone compartir ciertos fines y ciertos modelos, y que se expresa en leyes, en costumbres, en historia, en la celebración de eventos y personajes que se adecuan a la identidad moral del grupo. Si a la ética le interesa la relación entre comunicación, cultura y conciencia personal, a los profesionales de la comunicación les importa sobre todo que la cultura posea una lógica inmanente y objetivada, en la cual las ideas y los sentimientos tienen una consistencia y un desarrollo en cierto modo autónomos. Es como si las ideas, cuando salen de la conciencia personal y pasan al plano de la comunicación, se separaran de las mentes singulares que  las han producido y comenzaran a vivir una vida propia y a desarrollarse con una fuerza que depende solo de sí mismas, de su consistencia objetiva y de su dinámica intrínseca, tal vez bien distintas de la intención de la persona o de las personas que han puesto en circulación. Quien a través de la comunicación aspira a intervenir positivamente en la creación y transmisión de la cultura deben prestar atención a la consistencia y al desarrollo objetivo de las ideas más que la intencionalidad de las personas singulares, a los argumentos ad hominem, a las “salidas” afortunadas o a las argumentaciones puramente dialécticas. Con un golpe de efecto se puede hacer callar momentáneamente a un adversario, pero si la mayor o menor consistencia intrínseca se sus ideas y sus posibles líneas de desarrollo no se han entendido y neutralizado objetivamente con un respuesta culturalmente adecuada, tales ideas tendrán una larga vida, aunque el adversario haya sido reducido al silencio. Los profesionales de la comunicación conocen muy bien estas cosas y por ello ponen en la base de cada estrategia comunicativa un trabajo de análisis dirigido a entender los puntos de fuerza de la posición contraria. Solo una posición bien entendida puede ser eficazmente contrastada, y el contraste será eficaz solo si se logra elaborar una perspectiva positiva que conserve y supere aquello de bueno que hay en la posición del adversario

Verdad y libertad

Juan Pablo II señaló en bastantes ocasiones que el conflicto entre libertad y verdad ha marcado en muchos aspectos la cultura contemporánea. A un problema muy similar se refiere Benedicto XVI con el contexto del relativismo. En los debates sobre el relativismo se ha caído frecuentemente en la tentación de oponer una argumentación dialéctica de este estilo: quien afirma que toda verdad es relativa hace en realidad una afirmación absoluta, y por tanto se contradice a sí mismo. Tal argumentación, en realidad, no sirve de nada, porque no entiende  y no toca los puntos de fuerza de la posición criticada. La cuestión es bastante compleja, en este plano, el relativismo de las concepciones del bien en el plano ético-social. Aquí, el relativismo toma aliento del hecho de que en la sociedad de hoy existe un pluralismo de proyectos de vida y de concepciones del bien humano. Según la perspectiva relativista, tal constatación motiva la siguiente alternativa: o se renuncia a la pretensión clásica de pronunciar juicios de valor sobre los diversos estilos de vida que la experiencia nos ofrece, o se debe renunciar a defender el ideal de tolerancia, según en  cual cada concepción de la vida vale exactamente lo mismo que cualquier otra o, al menos, tiene el mismo derecho de existir. Más allá del valor que se quiera dar a esta argumentación, su punto fuerte reside en una verdad histórica: y es que ha sucedido muchas veces, en el curso de los siglos, que algunos han sacrificado violentamente la libertad sobre el altar de la verdad, creando así una contraposición entre verdad y libertad que la sensibilidad actual pretende hacer valer enteramente a favor de la libertad. Las estrategias válidas para comunicar las convicciones cristianas en la sociedad y en la cultura actual pueden ser diversas. Pero hay una cosa que se debe evitar a toda costa: usar palabras o actitudes que refuercen aquello que en la mentalidad relativista es más persuasivo; es decir, hacer pensar que el cristiano convencido es un individuo siempre dispuesto a sacrificar la libertad sobre el altar de la verdad. Ello comportaría admitir que es inevitable una contraposición entre verdad y libertad, contraposición que el relativista haría jugar a favor de la libertad, mientras que el cristiano convencido haría valer a favor de la verdad. Tanto en uno como en otro caso, se presupondría la mencionada contraposición. Dicho en términos positivos, la comunicación de las convicciones cristianas o, más en general, la comunicación de contenidos éticos positivos, debe mostrar con los hechos, y no sólo con las palabras, que entre verdad y libertad existen verdadera armonía, y ello requiere demostrar siempre una conciencia convencida, y no solo táctica, del valor y el sentido de la libertad personal. En un escrito o en una declaración pública inspirada por valores cristianos todas las referencias a la libertad serán pocas. La forma que el amor a la libertad personal pueda asumir en el plano de la comunicación institucional es una cuestión sobre la que puedo señalar que las convicciones de índole sustancial –y el valor de la libertad es una de ellas- se tienen o no se tienen: no se pueden improvisar por motivos oportunistas. Benedicto XVI tiene la convicción de que el tesoro moral de la humanidad existe como una invitación a la libertad y como una posibilidad para ella. Al mismo tiempo advierte de que la tentación de asegurar la fe mediante el poder se ha hecho presente continuamente en el curso de los siglos, y así “la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder&rdquo Para que la fe y la moral no sean sofocadas por el abrazo del poder es necesario tener sensibilidad para distinguir, también en el plano de la comunicación, el ámbito ético del ético-político y ético-jurídico. En las cuestiones éticas está incluida la relación de la conciencia personal con la verdad, generalmente con la verdad sobre el bien y tal vez también con la verdad religiosa. En este plano, la conciencia debe abrirse a la verdad, que posee un evidente poder normativo sobre la conciencia y las elecciones de la persona. Las cuestiones ético-políticas y ético-jurídicas tienen que ver, en cambio, con las relaciones entre personas o entre personas e instituciones. En el ámbito político y jurídico estas relaciones son a menudo mediadas por el poder coercitivo que el estado y sus representantes usan legítimamente, Naturalmente los dos ámbitos –ético y político- tienen estrechas relaciones entre sí, y tal vez tienen un desarrollo `paralelo. Así, por ejemplo, el homicidio intencional es la mismo tiempo una grave culpa moral y un delito que el Estado debe prevenir e impedir en la medida de sus posibilidades, y, en cualquier caso, perseguir y castigar. Sin embargo, incluso en estos casos subsiste una diferencia formal entre el plano ético y el plano político que tiene manifestaciones evidentes. Consideremos, por ejemplo, el perdón. Una cosa es el perdón de la culpa moral, y otra bien distinta es el perdón del delito. Es deseable que los parientes de la persona asesinada logren perdonar cristianamente al homicida, no es pensable, en cambio, que el Estado deje el delito impune. Afirmar lo contrario sería una inaceptable deformación ideológica o bien una grave falta de sentido del Estado y del bien común En la comunicación de contenidos o de posiciones morales es adecuado distinguir cuidadosamente el plano ético del plano político. Si el contenido del mensaje es de índole exclusivamente ética, debe darse una fundamentación ética, y se debe hacer entender claramente que el juicio ético no viene propuesto con el objeto de fundar determinado uso de la coacción política. Si el contenido del mensaje posee también un carácter ético-político o ético-jurídico, debe ofrecerse a la vez una especifica fundamentación política y jurídica, es decir, una fundamentación que haga evidente no solo que el comportamiento es cuestión es éticamente equivocado, sino que aporte también razones por las cuales el bien común requiere necesariamente que el estado prohíba o castigue aquello. Estas razones no son idénticas a aquellas que indican por qué tal comportamiento es un error ético, dado que todos admitimos que no toas las culpas morales deben ser prohibidas o castigadas por el Estado. Propongo un ejemplo muy simple. Cuando la Iglesia Católica enseña que la alimentación y la hidratación artificiales de los enfermos en estado vegetativo persistente son un cuidado ordinario que –salvo en pocos casos excepcionales- es éticamente obligatoria, directamente enseña que rechazar para sí mismo o negar a otros tales cuidados es una elección moralmente equivocada, que no solo es lícito hacer y con lo cual no es lícito cooperar. Pero esta enseñanza no significa que cada vez que un médico de buena conciencia se encuentre con un enfermo que, mediante directiva anticipada o a través de sus parientes, rechaza la alimentación y la hidratación artificial, el médico esté autorizado u obligado a proceder siempre y automáticamente a una alimentación coactiva. Son dos cosas distintas. Una cosas es el juicio sobre la moralidad de una elección, y otra que tal juicio conceda a un ciudadano privado (médico) un poder coercitivo sobre otro ciudadano privado (paciente). Allí donde el rechazo del enfermo o de sus parientes cree una situación de este tipo y ellos no escuchen las recomendaciones del médico, deberá intervenir un juez. Y si la ley del Estado aprueba explícitamente comportamientos éticamente negativos, por ejemplo, la eutanasia, entonces tal ley injusta deberá combatirse con los argumentos ético-políticos pertinentes, fundamentados en los derechos humanos y en el bien  común, sin dar la impresión de que la ley se critica porque niega a un ciudadano privado un poder coercitivo sobre otro que sostiene ideas éticamente erradas.

La Iglesia y el Estado moderno

Quien se ocupa de presentar a la opinión pública las posiciones de la Iglesia Católica se encontrará a menudo con el deber de exponer y motivar críticas a algunas leyes del Estado o de alguna instancia de Gobierno. La constitución pastoral “Gaudium et spes” ha expresado con claridad el derecho y el deber de la Iglesia de “dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas”, especificando el mismo tiempo los modos y las perspectivas en la que hay que moverse. Y así se afirma, por ejemplo, que “es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente entre acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores. En su importante discurso del 22 de diciembre de 2005, Benedicto XVI hizo presentes algunos puntos que hay que tener en cuenta para que la presentación de los juicios morales de la Iglesia sea adecuada no solo en la sustancia, sino también en la forma y en las argumentaciones fundantes. Benedicto XVI hace notar que en el desarrollo histórico de las posiciones de la Iglesia hay un proceso de “novedad en la continuidad”, que lleva a entender que las decisiones de la Iglesia relacionadas con cosas contingentes “deberán ser ellas mismas contingentes, justamente porque hacen referencia a una determinada realidad en sí misma cambiante&rdquo. Los principios inspiradores son duraderos, “no son en cambio igualmente permanentes los modos concretos, que dependen de la situación histórica y pueden por tanto ser sometidos a cambios. Así, las decisiones de fondo pueden mantenerse válidas, mientras que las formas de su aplicación a contextos nuevos pueden cambiar”. Esta observación es aplicable a la redefinición, realizada por Concilio Vaticano II, de la relación entre la Iglesia y el Estado moderno. En esta perspectiva, Benedicto XVI traza una distinción muy clara entre la relación de la conciencia con la verdad y las relaciones de la justicia entre las personas. He aquí unas palabras muy significativas: “Si la libertad de religión se considera como expresión de la incapacidad del hombre de encontrar la verdad, y, por consiguiente, se transforma en una canonización del relativismo, entonces pasa impropiamente de necesidad social e histórica al nivel metafísico, y así se la priva de su verdadero sentido, con la consecuencia de que no la puede aceptar quien cree que el hombre es capaz de conocer la verdad de Dios y está vinculado a ese conocimiento basándose en la dignidad interior de la verdad. Por el contrario, algo totalmente diferente es considerar la libertad de religión como una necesidad derivada de la convivencia humana, más aún, como una consecuencia intrínseca de la verdad que no se puede imponer desde fuera, sino que el hombre debe hacerla suya solo mediante un proceso de convicción. Con el decreto sobre la libertad religiosa, el Concilio Vaticano II, reconociendo y asumiendo como propio un principio esencial del Estado moderno, recogió de nuevo el patrimonio más profundo de la Iglesia". Benedicto XVI muestra un fino y valiente discernimiento cuando afirma que en el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha hecho suyo un principio ético-político del Estado moderno, y que lo ha hecho recuperando algo que pertenecía a la tradición católica. El Pontífice no se ilusiona pensando que con este reconocimiento todas las incomprensiones quedan superadas, porque sabe bien que el evangelio estará siempre en contradicción con los peligros y errores del hombre. Las aclaraciones y distinciones trazadas en este discurso proceden del deber de “acantonar contradicciones erróneas o superfluas” y poder así “presentar a este mundo nuestro las exigencias del Evangelio en toda su grandeza y pureza”. Retomando las reflexiones iniciales, es necesario precisar que las audaces ideas que Benedicto XVI expone en este discurso no son una receta para el éxito inmediato de las intervenciones de comunicación institucional de la Iglesia. Al menos en cuanto a mí respecta, no tengo la competencia suficiente de formular recetas de este género. Se trata más bien de recordar que más allá del debate inmediato entre las personas o entre los profesionales de la comunicación, está la contraposición objetiva entre posiciones ideales, y que a este último nivel interesa ofrecer una respuesta que asuma y supere la parte de verdad de la posición contraria. Dar una respuesta culturalmente adecuada a un acto considerado equivocado de un Parlamento o de un Gobierno es bastante difícil, porque requiere, ante todo, un gran sentido del Estado, una fina conciencia de los valores ético-políticos de las diversas instituciones del Estado moderno, conciencia que no debe quedar ofuscada ni siquiera por el hecho, tal vez muy doloroso, de que el acto parlamentario con el que se tiene que tratar en el momento presente se tenga por completamente equivocado. Por otra parte, la firmeza en los principios deber ser y parece compatible con la conciencia de que la realización concreta de los bienes humanos y sociales en un contexto histórico, geográfico y cultural determinado, se caracteriza por la contingencia, al menos parcialmente insuperable, que caracteriza a todo aquello que es práctico. A este propósito me gustaría recordar que San Josemaría Escrivá afirmaba que “ninguno puede pretender imponer en las cuestiones temporales dogmas que no existen”. Y con esto no pretendo decir que todo aquello que hay en esta tierra es contingente, ya que proclamaba a los cuatro vientos, sin respetos humanos, las exigencias éticas universalmente válidas. Su pensamiento queda expresado con claridad en este breve texto: “No me olvidéis que, en las cuestiones humanas, también los otros pueden tener razón: ven el mismo problema que ves tú, pero desde otro punto de vista, con otra luz, con otra sombra, con otro contorno. Solo en cuestiones de fe y de moral existe un criterio indiscutible: aquel de la Iglesia, nuestra Madre”. Realidades temporales y autónomas interés es hacer todo lo posible para que la intervención de quien se ocupa de la comunicación institucional de la Iglesia sea adecuadamente contextualizada por quien la recibe. A veces sucede que la posición sostenida por al Iglesia en materias éticas coincide con aquella de todos o de muchos ciudadanos que militan legítimamente en una tendencia política. Se crea entonces una delicada situación, de cual pueden surgir críticas  a la Iglesia, como si esta apoyase no una posición ética o ético-política, sino a un grupo concreto de ciudadanos en cuanto ellos son una de las partes políticas en lucha. La Iglesia es acusada, de entrometerse en las políticas del Estado, poniendo en peligro la laicidad de este. Es verdad que muchas veces estas acusaciones son un pretexto o incluso son malintencionadas. Pero no conviene conceder demasiada atención a las actitudes de los sujetos singulares, porque la tarea de la comunicación institucional es ofrecer ante todo una respuesta adecuada a la consistencia objetiva de las críticas. Sobre este particular, a mi juicio, son pertinentes dos órdenes de consideraciones. La primera es dejar claro que todos los ciudadanos, también aquellos que son miembros de un órganos legislativo o de gobierno, tienen el derecho y el deber se sostener motivadamente las soluciones que en conciencia consideran útiles para el bien del propio país. El cómo cada uno llegue a formarse tal o cual convicción política es un asunto que no puede ser cuestionado por ninguno. Cada uno consulta los libros especializados  que considera confiables, habla con quien quiera, se inspira en una escuela de teoría política o en la doctrina social de la Iglesia. Las soluciones políticas se juzgan por su valor intrínseco y por las argumentaciones racionales que las sostienen. Querer cuestionar las fuentes utilizadas por cada ciudadano, además de indicar falta de respeto por la conciencia y la libertad de cada uno, conduciría al absurdo de afirmar que el estado laico debe ser favorable a la esclavitud, dado que la Iglesia Católica la condena. La segunda consideración hace referencia a la distinción entre las tareas del Estado y aquellas de la Iglesia. A este propósito, Benedicto XVI ha dado indicaciones muy útiles en la encíclica Deus Caritas est: “El justo orden de la sociedad y del Estado es tarea central de la política”. La distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, con la consiguiente autonomía de las realidades temporales, pertenece a la estructura fundamental del cristianismo. Al Estado le corresponde preguntarse sobre el modo de realizar concretamente la justicia aquí y ahora. “Este es un problema respecta a la razón práctica, la razón debe siempre se purificada (…) En este punto política y fe se encuentran". La doctrina social católica se ofrece como una ayuda, pero ella, precisa Benedicto XVI, “no pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de comportamiento”. La doctrina social de la Iglesia argumenta a partir de la razón y del derecho natural, y en cada caso reconoce que la construcción de un justo ordenamiento social y estatal es una tarea política, que “no puede ser un cometido inmediato de la Iglesia”. Pero, como al mismo tiempo es una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables. “La Iglesia, afirma también Benedicto XVI, no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales las justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar”. Hay un punto en Deus caritas est, donde fe y política se encuentran. En el plano de la comunicación ese punto requiere la máxima atención, de modo que las palabras y actitudes de los católicos permitan entender, a cualquiera que escuche con buena voluntad, que la fe cristiana no se identifica con una cultura política concreta, aunque tenga tanto que decir a las diversas culturas políticas de los hombres y los pueblos. Por otra parte, la Iglesia solo puede hablar, ya que no posee y no puede poseer los instrumentos coercitivos que están, en cambio, a disposición del Estado. En la hipótesis puramente académica de que ello fuera posible, a la Iglesia no le gustaría disponer de tales medios de coacción. La fe presupone la libertad y se ofrece a la libertad humana, y por eso la libertad debe ser amada con las palabras y los hechos. Si en algún momento histórico no hubiera sido así, lo sentimos de verdad y nos apena.

Una observación final

Las reflexiones precedentes pueden parecer en más de algún aspecto poco realistas. La apariencia de poco realismo radica en el hecho de que cuanto se ha dicho parece olvidar que muchas veces se debe hacer frente a posiciones de un laicismo militante que debería estar recluido en el museo de las cosas más desafortunadas de los tiempos pasados. Otras veces, hay que hacer frente a una insoportable ligereza y a actitudes que es muy difícil no atribuir a la mala fe. Todo esto no pude no causar dolor, a veces, mucho dolor. Pero para hacer una pequeña contribución a la gran tarea de iluminar el mundo de la comunicación y de la cultura con la luz del Evangelio, es necesario ingeniárselas de modo que la oscuridad del adversario no quite a la palabras y actitudes propias la luminosidad que brota del mensaje cristiano, hecho de amor a la libertad, búsqueda sincera de la verdad, respeto por la autonomía de las cosas temporales, atención a la consistencia objetiva de las críticas, y amistad magnánima hacia todas las personas